Representantes de las cámaras relacionadas con viviendas, coincidieron en afirmar que el habilitar el Ávila para construir viviendas, los hoteles de Miranda para los damnificados, y las leyes decretos para emergencia no solventarán los problemas de viviendas. El presidente de La Cámara de Bienes Raíces, Felipe Martínez, explica que cuando el país está en emergencia es que se dictan las normas, casi siempre con decretos. “Se olvidan de las emergencias y no acometen normas que tengan que ver con el futuro, como ha pasado en Vargas, y otras zonas donde se sabe que hay problemas con el cauce de los ríos”.

Destaca que hay que resolver las situaciones antes que se lleguen a las emergencias, “no se resolvieron los problemas en el tiempo estimado, muchos pasan de ser damnificados de un zona a damnificados de otra, no es las solución en el tiempo lo suficientemente importante”.

Por su parte, el representante de la Cámara Inmobiliaria, Aquiles Martini Pietri, subraya que no hay leyes que resuelvan los problemas de por sí, sin la integración de personas relacionadas con el tema. “El déficit es de dos millones de viviendas, y el problema no se resuelve así”.

Manifiesta que hay “discrecionalidad” en las de decisiones, sin tomar en cuenta estudios y planificación previa.

Reitera el llamado a la reunión del sector que tiene que ver con vivienda con el Ejecutivo, para cuadrar soluciones que no sean improvisadas.

Finalmente el presidente de la Asociación de propietarios de Inmuebles Urbanos, Raymond Orta Poleo, afirma que los hoteles son necesarios en todas partes del mundo, y su ocupación por parte de damnificados desvirtúa su uso y afecta el comercio.

“Cuando se ocupa un hotel sin previsión, sin censar, gobernando y luego programando, sin saber quien pagara los gastos del hotel, y sin prever quien hará qué, se hace daño a la economía”.

Para Orta no se necesitan leyes, sino soluciones programadas, “los muebles e inmuebles pasarán a la decisión de un funcionario que calificará el uso, y sin permitir el derecho a la defensa de los usuarios”.

Manifiesta que, no “se está jugando solo con la propiedad sino con la libertad de las personas, no estamos frente a un problema sencillo, tenemos que hacer que el gobierno rectifique”.